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Aprueban Informe de Resultados de Cuenta Pública 2012
30 de Enero de 2014
• En su mayoría, inconsistencias administrativas dieron lugar a recomendaciones
• Deberán solventar observaciones instancias con presunto daño patrimonial
Xalapa, Ver., 30 de enero de 2014.- El pleno legislativo del Congreso de Veracruz aprobó por mayoría el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que una vez publicado en la Gaceta Oficial del Estado, iniciará la segunda fase del Proceso de Fiscalización.
De esta manera, el Orfis iniciará la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, durante la que los servidores y ex servidores públicos acuden a solventar las observaciones, por las que pudieran ser responsables.
En el dictamen se menciona que las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2012 de los poderes estatales se realizaron a través de 77 despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados para tal fin, de los cuales 67 realizaron auditorías financieras-presupuestales y 10 efectuaron auditorías técnicas a las obras públicas.
Con 36 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen consigna que en 64 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como cuatro fideicomisos, sólo existen inconsistencias administrativas, que dan lugar a recomendaciones que atenderá su Órgano de Control Interno e informará al Orfis.
De la revisión se desprenden inconsistencias en el manejo de recursos públicos en los siguientes entes públicos: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP, antes Secretaría de Comunicaciones, Secom); Instituto de Espacios Educativos del Estado, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache; Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, y Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.
Así como en el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/00095 (Túnel Sumergido), y el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
En 174 ayuntamientos no se detectó daño patrimonial, pero los 38 en que se presume responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o ex servidores públicos obligados, son:
Acultzingo; Alpatláhuac; Alvarado; Ángel R. Cabada; Astacinga; Atlahuilco; Ayahualulco; Camerino Z. Mendoza; Carlos A. Carrillo; Castillo de Teayo; Chacaltianguis; Chinameca; Colipa, y Cosautlán de Carvajal.
Así como Coyutla; Cuitláhuac; Espinal; Filomeno Mata; Fortín de Las Flores; Gutiérrez Zamora; Huiloapan; Ixcatepec; Ixhuatlán del Sureste; Ixtaczoquitlán; Jáltipan, y José Azueta.
Además de Mecatlán; Naranjos-Amatlán; Nogales; Rafael Delgado; Sochiapa; Soconusco; Soteapan; Tenampa; Tierra Blanca; Vega de Alatorre; Xico, y Zozocolco.
Por otra parte, se detectó presunto daño patrimonial en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado.
En tanto, en el Poder Judicial no se detectaron irregularidades con daño patrimonial, pero sí inconsistencias administrativas cometidas por servidores públicos.
La Universidad Veracruzana (UV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sólo tuvieron observaciones administrativas.
En el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) no se detectaron irregularidades.
En los casos de presunto daño patrimonial, se instruyó al Orfis iniciar la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones previstas en la ley de la materia.
En los casos en que sólo existan irregularidades administrativas, se instruyó a las contralorías para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones.
En la etapa de posicionamientos del dictamen de la Cuenta Pública participó el diputado Julen Rementería del Puerto, del PAN, para manifestar el voto en contra de su grupo legislativo, por considerar que la revisión realizada por el Orfis no se adecua a la realidad y no responde a las observaciones que, a su consideración, encontraron en el dictamen y que no fueron respondidas.
En el mismo punto, agregó que les fue entregado el informe de resultados hasta el día 7 de enero, aun cuando por ley se estipula que este informe será entregado al Congreso hasta el último día de diciembre.
Por su parte, el legislador Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), expresó que le es difícil emitir el voto aprobatorio a la Cuenta Pública porque, a su juicio, el procedimiento para la revisión de la administración pública no es transparente y que los resultados que arroja el informe sólo contiene observaciones en algunos casos, que para él deberían ser revisados más a fondo.
En tanto, el diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que su voto es a favor del dictamen de la Cuenta Pública 2012, dado que es producto del análisis y participación directa de las diferentes fuerzas políticas, en un acto de transparencia y rendición de cuentas.
• Deberán solventar observaciones instancias con presunto daño patrimonial
Xalapa, Ver., 30 de enero de 2014.- El pleno legislativo del Congreso de Veracruz aprobó por mayoría el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2012, remitido por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis), que una vez publicado en la Gaceta Oficial del Estado, iniciará la segunda fase del Proceso de Fiscalización.
De esta manera, el Orfis iniciará la fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones, durante la que los servidores y ex servidores públicos acuden a solventar las observaciones, por las que pudieran ser responsables.
En el dictamen se menciona que las auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2012 de los poderes estatales se realizaron a través de 77 despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados para tal fin, de los cuales 67 realizaron auditorías financieras-presupuestales y 10 efectuaron auditorías técnicas a las obras públicas.
Con 36 votos a favor, 10 en contra y cero abstenciones, el dictamen consigna que en 64 dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, así como cuatro fideicomisos, sólo existen inconsistencias administrativas, que dan lugar a recomendaciones que atenderá su Órgano de Control Interno e informará al Orfis.
De la revisión se desprenden inconsistencias en el manejo de recursos públicos en los siguientes entes públicos: Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP, antes Secretaría de Comunicaciones, Secom); Instituto de Espacios Educativos del Estado, Instituto Tecnológico Superior de Álamo Temapache; Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan; Instituto Tecnológico Superior de Pánuco; Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla, y Oficina Operadora de Ciudad Mendoza.
Así como en el Fideicomiso Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago número F/00095 (Túnel Sumergido), y el Fideicomiso Público Irrevocable de Inversión, Administración y Fuente de Pago para la Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Puente sobre el Río Coatzacoalcos (Puente Coatzacoalcos I) y Construcción, Supervisión, Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
En 174 ayuntamientos no se detectó daño patrimonial, pero los 38 en que se presume responsabilidad de carácter resarcitorio para los servidores o ex servidores públicos obligados, son:
Acultzingo; Alpatláhuac; Alvarado; Ángel R. Cabada; Astacinga; Atlahuilco; Ayahualulco; Camerino Z. Mendoza; Carlos A. Carrillo; Castillo de Teayo; Chacaltianguis; Chinameca; Colipa, y Cosautlán de Carvajal.
Así como Coyutla; Cuitláhuac; Espinal; Filomeno Mata; Fortín de Las Flores; Gutiérrez Zamora; Huiloapan; Ixcatepec; Ixhuatlán del Sureste; Ixtaczoquitlán; Jáltipan, y José Azueta.
Además de Mecatlán; Naranjos-Amatlán; Nogales; Rafael Delgado; Sochiapa; Soconusco; Soteapan; Tenampa; Tierra Blanca; Vega de Alatorre; Xico, y Zozocolco.
Por otra parte, se detectó presunto daño patrimonial en la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Alvarado.
En tanto, en el Poder Judicial no se detectaron irregularidades con daño patrimonial, pero sí inconsistencias administrativas cometidas por servidores públicos.
La Universidad Veracruzana (UV), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) y el Instituto Electoral Veracruzano (IEV) sólo tuvieron observaciones administrativas.
En el Congreso del Estado y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis) no se detectaron irregularidades.
En los casos de presunto daño patrimonial, se instruyó al Orfis iniciar la Fase de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones previstas en la ley de la materia.
En los casos en que sólo existan irregularidades administrativas, se instruyó a las contralorías para que den el seguimiento debido a las irregularidades y recomendaciones.
En la etapa de posicionamientos del dictamen de la Cuenta Pública participó el diputado Julen Rementería del Puerto, del PAN, para manifestar el voto en contra de su grupo legislativo, por considerar que la revisión realizada por el Orfis no se adecua a la realidad y no responde a las observaciones que, a su consideración, encontraron en el dictamen y que no fueron respondidas.
En el mismo punto, agregó que les fue entregado el informe de resultados hasta el día 7 de enero, aun cuando por ley se estipula que este informe será entregado al Congreso hasta el último día de diciembre.
Por su parte, el legislador Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo (PT), expresó que le es difícil emitir el voto aprobatorio a la Cuenta Pública porque, a su juicio, el procedimiento para la revisión de la administración pública no es transparente y que los resultados que arroja el informe sólo contiene observaciones en algunos casos, que para él deberían ser revisados más a fondo.
En tanto, el diputado Juan Manuel Velázquez Yunes, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), manifestó que su voto es a favor del dictamen de la Cuenta Pública 2012, dado que es producto del análisis y participación directa de las diferentes fuerzas políticas, en un acto de transparencia y rendición de cuentas.